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Fondos Buitres
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Juan Marcelo Deluca
10:02 (Hace 9 minutos)
para mí
NOTA DE AMBITO FINANCIERO

Por Marcelo E. Mihanovich, abogado

Inminente fallo en NY por juicio de buitres: ¿agonía hasta 2014?

Por: Marcelo Etchebarne Mihanovich
Abogado

Marcelo Etchebarne Mihanovich - Abogado
A lo largo de los últimos 17 meses -desde que en diciembre de 2011 el juez Griesa dictara una orden cautelar prohibiendo que la Argentina altere los mecanismos de pago- se ha escrito mucho sobre el caso del pari passu, dentro y fuera del Tribunal. Hasta la sentencia de octubre de 2012, a mi criterio, varios de los principales analistas financieros de Wall Street no le prestaban la debida atención al caso. Incluso algunos, luego de la sentencia de Griesa y antes de la resolución de la Cámara, recomendaban comprar bonos argentinos bajo la ley de Nueva York.

A partir de entonces algunos fondos se han guiado por un análisis jurídico preciso del caso. Otros por su instinto de cómo reaccionaría el mercado hasta que haya una resolución final (en forma muy exitosa en algunos casos). Como erróneamente se ha manifestado, el tribunal no tiene un plazo de tres meses para dictar su sentencia. Pero todo indica que sería en forma inminente. En 2012 dictó su sentencia a los tres meses de la última audiencia. Al fijar el calendario procesal de apelaciones ha dicho que ahora actuaría en forma sumaria. Posiblemente los jueces quieran este expediente fuera de sus escritorios antes del verano en Nueva York que comienza en julio.

Pese a que la mayoría de los especialistas espera un fallo adverso a la Argentina (lo cual también se refleja en los valores de los bonos) es posible que cuando salga la sentencia de Cámara haya nuevamente desconcierto y alta volatilidad en los bonos argentinos afectados por ella. Esta sentencia, como hemos dicho, estará sujeta a nuevos pedidos de apelación "en banc" y, eventualmente, a la Corte Suprema. Argentina deberá solicitar un "stay" (suspensión de los efectos de la sentencia) si el fallo no lo declara expresamente. Si la sentencia es cercana a una fecha de pago de bonos afectados por la misma ,la Argentina saldrá a pedir un "emergency stay", como lo hizo en diciembre de 2012, mientras apela a un fallo plenario. El "emergency stay" normalmente es decidido por un juez activo del circuito en cuestión de horas. La vez pasada dicho juez remitió el expediente al panel que entiende en el caso quien resolvió en dos días. Posiblemente ocurra lo mismo ahora y sea resuelto rápidamente.

En caso de ser negado, los apelantes deberían solicitarlo a la Justice Ginsburg en la Corte Suprema, mientras se apela a la Corte (los tres meses para apelar el fallo de octubre corren desde la fecha de la sentencia que rechazó el "en banc" en marzo de 2013 y vencerán, posiblemente, más o menos al mismo tiempo que la Cámara se expida). Lo interesante de esta próxima etapa procesal, es que técnicamente no correspondería que la Argentina obtenga un "stay" luego de las manifestaciones de su abogado quien ha sostenido que su cliente no cumpliría con una sentencia contraria a su criterio. Sin embargo, es posible que los "non-party appellants", a quienes se les ha reconocido el derecho a apelar, también lo hagan y soliciten un "stay pending appeal". Quizá nuevamente sean Gramercy y Fintech quienes saquen las papas del fuego como lo hicieron con sus apelaciones en diciembre. De esta forma se podría prolongar la incertidumbre, por no decir la agonía, hasta 2014.

Es posible también que en caso de otorgarse un "stay" el tribunal solicite que la Argentina ofrezca una garantía de cumplimiento en caso de no prosperar su apelación. Tal vez otorgue un plazo para que el Poder Ejecutivo envíe una ley al Congreso para permitir la emisión de dicha garantía de cumplimiento (la Argentina ha manifestado que no puede dar una garantía sin autorización del Congreso), la cual podría tener un valor equivalente a lo ofrecido por la Argentina. Es posible que el estómago de los jueces le indique que sea mejor otorgar un "stay" a unos u otros y que los efectos de su sentencia tengan el aval judicial de instancias ulteriores.

Pero probablemente la saga no termine aquí.

Fintech hizo una observación interesante en su último escrito de abril donde solicitó el rechazo de un amicus de tenedores minoristas. Manifiesta ser tenedor de bonos en default, además de tener bonos emitidos en los canjes, y que si los demandantes cobran a pro rata con quienes ingresaron al canje, ellos también deberían hacerlo y podrían solicitar medidas cautelares en tal sentido. Los argumentos de la Argentina se podrían convertir en un bumerán para el país.

Creo que la Argentina ha cometido un error crítico en su estrategia desde el inicio (es obviamente más sencillo decirlo hoy, pero lo he dicho desde entonces). Su planteo central en febrero debió ser que Griesa no tenía atribución alguna para dictar una medida cautelar con efectos en la Argentina (me refiero a la prohibición de alterar los mecanismos de pago en los bonos del canje). El exceso jurisdiccional de Griesa podría incluso causarle al juez problemas legales en la Argentina y otras jurisdicciones fuera de EE. UU. El segundo planteo debió ser que en caso de determinarse una violación de la cláusula de igualdad de trato el remedio debería ser ordenar deshacer aquello que creó la desigualdad en el rango: eliminar la ley cerrojo (que no aportó nada al canje de 2005, salvo ratificar todo lo actuado por el Poder Ejecutivo y que se debió derogar ni bien comenzó este caso). En defecto de ello, recién allí podría buscarse otro "equitable relief" para sanear ese incumplimiento. No fue técnicamente correcto usar la cláusula de pari passu para comparar lo que deberían tener los bonistas en default con lo que tenían los bonistas antes de ingresar al canje. La igualdad de trato en el pago -como resaltó la jueza Raggi en la última audiencia-, es en relación con el trato que actualmente recibe un tenedor de otro bono y no con relación a

Si aplicamos el criterio de Argentina, otros tenedores de bonos en default que pudieran iniciar un reclamo en base a cláusulas de pari passu lo harían contra este bono ya que la igualdad de trato implicaría pagarle a los bonistas en default con un adicional de casi un cincuenta por ciento en lugar de una quita.

Dos temas de análisis pendiente incluyen que podría hacer Citibank con relación a los pagos que sube a Euroclear a los tenedores del exterior de un Boden XV y bajo que condiciones se podrían iniciar acciones bajo el pari passu (hay cuestiones procesales y de prescripción que limitarían el alcance de dichas acciones). En cualquier escenario, haber derogado la ley cerrojo hace tiempo hubiera traído probablemente importantes beneficios para Argentina que se hubiera ahorrado el enorme costo de este litigio, sus efectos colaterales en la economía nacional y los posibles juicios que puedan venir en el futuro, como anticipa Fintech y otros amicus presentados a favor de los demandantes.