La CGT avaló rotundamente el anteproyecto de ley para que las compañías repartan utilidades entre sus trabajadores. Afectará “en una primera etapa” a aquellas que tengan más de 300 dependientes. Los empresarios no ocultan su preocupación ya que deberán compartir con los gremios su balance social
Con el visto bueno que este martes le dio el Consejo Directivo de la CGT al proyecto de participación de los empleados en las ganancias de las empresas -presentado por el diputado oficialista Héctor Recalde-, los hombres de negocios terminaron de convencerse de que la ofensiva sindical, respaldada por el Gobierno, va en serio y avanza a paso rápido.
Esto se evidenció en el inmediato y renovado rechazo que despertó la iniciativa en el arco privado y en particular en la Unión Industria Argentina (UIA), que el mismo martes respondió el desafío gremial con un fuerte comunicado.
La propuesta parlamentaria apunta, "en una primera etapa", a la distribución de las ganancias netas de las firmas con más de 300 trabajadores y a aquellas que generan fuertes utilidades. Es decir que, en una segunda instancia, se buscará extender la medida al “universo completo de compañías”.
En ambos casos, el piso del beneficio para los empleados sería de un 10 por ciento.
Para poder contar con media sanción y avanzar hacia el Senado, será necesario el consenso y el apoyo de otros partidos, ya que el oficialismo no tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados.
En tanto, el siguiente paso será el análisis por parte de la Comisión de Legislación del Trabajo que, según indicó el propio Recalde, escuchará a todas las partes involucradas. Se estima que el primero en ser convocado será la propia Unión Industrial Argentina.
Al término de la reunión de este martes en la CGT, Juan Carlos Schmid, miembro del consejo directivo de la entidad, anticipó que "el anteproyecto ya cuenta con el aval de la mayoría de los diputados de extracción gremial" y adelantó que "va a tener trámite parlamentario la próxima semana".
“El oficialismo en el Congreso acompañará la iniciativa y no tenemos duda de que la misma será apoyada por el grupo progresista de la oposición”, afirmó el dirigente durante la conferencia de prensa brindada en la sede de la central obrera.
Qué dice el proyecto
Tal como diera cuenta iProfesional.com, la iniciativa apunta a las empresas que obtengan utilidades y se estructura en los siguientes puntos:
En consecuencia, de aprobarse, quedarán excluidas las entidades sin fines de lucro, las sociedades cooperativas y los empleados jerárquicos cuyos salarios resulten cinco veces superior al promedio.
En tanto, la aplicación del régimen en el sector público todavía es motivo de análisis.
Por otra parte, Schmid señaló que "el proyecto no tiene aporte ni contribución alguna y para su implementación se constituirá un consejo tripartito compuesto por empresarios, trabajadores y funcionarios del Gobierno".
Adicionalmente, se creará un fondo solidario (con una alícuota que puede ser de un 5%) destinado a los empleados más vulnerables o en negro, previo cumplimiento de algunos requisitos.
La distribución de las ganancias se hará después del pago de impuestos por parte de las empresas y no se aplicará en las compañías que realicen reinversión de sus utilidades.
Gran preocupación por compartir el balance de la empresa
Uno de los puntos más álgidos para el empresariado radica en que, una vez que el proyecto se convierta en ley, los gremios "tendrán acceso a los balances de las empresas", según adelantaron desde la CGT.
Para la central obrera, esto apunta a "profundizar la distribución de la riqueza en una instancia superior".
En buen romance, para las firmas esto significa que deberán entregar una copia de ese balance a los trabajadores y otra al Ministerio de Trabajo.
Según afirmó la propia viceministra de Trabajo, Noemí Rial, "en la actualidad sólo un 20% de las empresas lo hacen", entre las que mencionó a algunos bancos, las telefónicas y las petroleras, no así a los grandes establecimientos, como pueden ser los hipermercados.
"Si el trabajador no cuenta con información de la empresa difícilmente pueda participar en las ganancias”, indicó Rial que, además, se mostró partidaria a “incorporar la presencia de un directivo sindical dentro del directorio”.
“La información les permite sentarse a discutir sobre el reparto de las utilidades y saber de qué se está hablando”, recalcó la funcionaria.
En este sentido, concluyó que hay que "empezar a trabajar con los sindicatos. Me imagino que es un buen momento para que las grandes empresas compartan su balance”.
Voces a favor
El impulsor del mencionado proyecto de ley indicó que se trata de "un esquema que ya funciona en los Estados Unidos y en México", entre otros países.
Incluso, sostuvo que "hay algunas empresas que ya lo aplican en el país" y remarcó el "grado de pertenencia que genera en los trabajadores de las grandes firmas" el hecho de que participen de un porcentaje de sus ganancias, lo cual -indicó- "potencia su productividad".
En tanto, el titular de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, así como el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ya dieron su visto bueno al proyecto porque, a su entender, trata de plasmar un “derecho reconocido por la Constitución Nacional”.
En este orden, Fernández señaló que “la legislación argentina deja más que clara y expedita la vía para discutir este tema en ámbitos como el Ministerio de Trabajo y las convenciones colectivas”.
En este escenario, ya hay varios sectores de la oposición que mostraron su disposición a acompañar el proyecto.
Éste sería el caso de los dirigentes sindicales afiliados a la UCR Capital, que constituyeron la mesa gremial de Morena, el Movimiento de Renovación Nacional impulsado por Ricardo Alfonsín.
Tras una reunión, los sindicalistas dejaron en claro que esperan que el bloque cumpla con el mandato histórico de los constituyentes del 57, en referencia al artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, en donde se establece “la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”.
En tanto, los diputados de Proyecto Sur también señalaron que respaldarán la propuesta de la CGT. Incluso, ya en marzo, habían presentado una iniciativa similar. El texto lleva las firmas de Eduardo Macaluse y Claudio Lozano, entre otros. (Para saber más, haga click aqui).
“Estamos absolutamente a favor”, definió Macaluse, aunque aclaró que su sector -cercano a la Central de Trabajadores Argentinos- buscará incluir en la iniciativa de Recalde a las comisiones internas que no tengan personería gremial.
Por su parte, el GEN, de Margarita Stolbizer, también adelantó que apoyará la propuesta parlamentaria. “En términos generales estamos de acuerdo, es una cuestión constitucional”, señalaron desde el partido.
En la misma línea, diputados de la Coalición Cívica-ARI se mostraron propensos a avalar la iniciativa, aunque esperarán a que el bloque debata el texto y tome una decisión orgánica.
En contra
Apenas conocida la iniciativa de Recalde, la Junta Directiva de la UIA no tardó en pronunciarse a través de un comunicado de prensa en contra de lo que consideran una medida "antiempresaria".
Para los industriales, "el verdadero camino para mejorar la distribución del ingreso requiere de políticas públicas que promuevan la formalización de empleos y la mejora de los ingresos, y no proyectos que, en definitiva, atentan contra la inversión y la producción, fomentando el aumento de la economía informal, con resultados contrarios a los que se proclaman".
En igual sentido, el diputado nacional de la UCR por Jujuy, Miguel Giubergia, afirmó que “ya no existe la posibilidad de establecer más impuestos, dado que la presión en materia tributaria es altísima”.
En tanto, el jefe del bloque radical de la Cámara baja, Oscar Aguad, también criticó la iniciativa asegurando que “espanta las inversiones”.
Además, afirmó que esa es la razón por la que “seguimos con alta desocupación, con bajos salarios, y todo tiene que ver con un Gobierno que ha desalentado la inversión de los empresarios y que, desgraciadamente, está despilfarrando el viento a favor que sopla en la economía”.
A las críticas también se sumó esta semana el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, quien exigió "límites" para evitar la avanzada de la central gremial.
"Observamos con preocupación que, desde un tiempo a esta parte, en muchos de los conflictos, sea por pedidos de aumentos de salario o peleas internas sindicales, se están aplicando con frecuencia medidas de fuerza, bloqueos y protestas que dificultan la actividad. Y nos preguntamos cuáles son los límites, porque muchas veces el sector empresario no encuentra contención", concluyó De la Vega.
El caso de Firestone
Uno de los pocos casos registrados en la Argentina en los que una empresa reparte ganancias con sus trabajadores es el de Firestone y el Sindicato del Neumático SUTNA.
Desde el 2001, los trabajadores establecieron un acuerdo con la firma multinacional por el cual reciben un bono extraordinario no remunerativo, por el plazo de vigencia del convenio, de participación en las utilidades netas de la empresa.
De acuerdo con la cláusula a la que pudo acceder iProfesional.com, todos los años los trabajadores participan del 33% del excedente de la ganancia neta ordinaria libre de impuestos que supere el 6% de la facturación anual, mientras que otro 33% es destinado al desarrollo del mercado y el 33% restante se destina a maquinaria y equipos.
Sebastián Albornos
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